A tenor de la moción aprobada por unanimidad en el pleno de marzo del presente año, para inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, y del compromiso por parte del Equipo de Gobierno de introducción de cláusulas de este tipo. Manifestamos que estos criterios no están fijando en las mesas de contratación que se están llevando a cabo, por lo que exigimos al Equipo de Gobierno que ejecute el mandato del pleno y su compromiso con nuestra formación.
Bajo nuestro punto de vista, a la hora de realizar una contratación pública, lo ideal es que los ayuntamientos, tengan en cuenta la calidad de los servicios que se prestarán y las condiciones de los mismo. La administración tiene el deber de convertirse en un garante de las condiciones sociales, laborales y ambientales. Pues en muchos casos somos los últimos responsables de la prestación de dichos servicios públicos y, por lo tanto, de todo cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas de forma directa o indirecta.
Estas cláusulas con carácter verde o social, se pueden introducir de tres modos distintos: como requisito previo (criterio de admisión), como elemento de valoración (puntuación) o como obligación (exigencia de ejecución) . Tanto en contratos de suministros, de servicios y de obras. Los tipos de cláusulas sociales se agrupan según las siguientes categorías: relacionadas con el medio ambiente, enfocadas en el empleo (inserción laboral de colectivos desfavorecidos, cumplimiento de normativa laboral, mantenimiento del volumen de empleo) o de comercio justo y respeto a los convenios internacionales.
El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de mayo 1997 respalda las posibilidades de incorporar estas políticas, al afirmar que: “la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público”. Por tanto se debe tener presente y favorecer por parte de las Administraciones Públicas la inclusión de cláusulas sociales en los conciertos públicos, que eliminen los diferentes desequilibrios tanto económicos, sociales, que impiden un adecuado progreso de la sociedad.
La contratación pública es una herramienta en manos de las Administraciones Públicas que genera un impacto económico, de creación de empleo, social y medioambiental. Por ello, introducir cláusulas sociales en la contratación pública contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social, el mantenimiento del volumen de empleo financiado con fondos públicos y la conservación del medio ambiente.
Bajo nuestro punto de vista, a la hora de realizar una contratación pública, lo ideal es que los ayuntamientos, tengan en cuenta la calidad de los servicios que se prestarán y las condiciones de los mismo. La administración tiene el deber de convertirse en un garante de las condiciones sociales, laborales y ambientales. Pues en muchos casos somos los últimos responsables de la prestación de dichos servicios públicos y, por lo tanto, de todo cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas de forma directa o indirecta.
Estas cláusulas con carácter verde o social, se pueden introducir de tres modos distintos: como requisito previo (criterio de admisión), como elemento de valoración (puntuación) o como obligación (exigencia de ejecución) . Tanto en contratos de suministros, de servicios y de obras. Los tipos de cláusulas sociales se agrupan según las siguientes categorías: relacionadas con el medio ambiente, enfocadas en el empleo (inserción laboral de colectivos desfavorecidos, cumplimiento de normativa laboral, mantenimiento del volumen de empleo) o de comercio justo y respeto a los convenios internacionales.
El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de mayo 1997 respalda las posibilidades de incorporar estas políticas, al afirmar que: “la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público”. Por tanto se debe tener presente y favorecer por parte de las Administraciones Públicas la inclusión de cláusulas sociales en los conciertos públicos, que eliminen los diferentes desequilibrios tanto económicos, sociales, que impiden un adecuado progreso de la sociedad.
La contratación pública es una herramienta en manos de las Administraciones Públicas que genera un impacto económico, de creación de empleo, social y medioambiental. Por ello, introducir cláusulas sociales en la contratación pública contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social, el mantenimiento del volumen de empleo financiado con fondos públicos y la conservación del medio ambiente.
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