COMUNICADO CONJUNTO CON IU Y PSOE

LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTICIPA CARMONA, IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO SOCIALISTA, CONSIDERAMOS QUE EL RESPETO Y EL DIÁLOGO DEBEN PRIMAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO DE NUESTRA CIUDAD. HACIENDO ESTA EXPOSICIÓN DESDE EL MÁXIMO RESPETO A TODAS LAS OPINIONES.

Los Grupos Municipales de Participa Carmona, Izquierda Unida y Partido Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona queremos hacer una serie de consideraciones a tenor de las declaraciones suscitadas sobre la situación del colegio de nuestra señora de Lourdes:

1. La labor social que realizan las Hermanas de la Cruz es por todos reconocido, como ya se reconoció por todos los Grupos Políticos representados en el Pleno.

2. Respetamos la libertad de las madres, padres o tutores de elegir la opción educativa que se enseña en este centro.

3. La legislación en materia educativa y de igualdad recogidos por el art. 14 de la Constitución, la LOE, LOMCE y la Ley de Igualdad de Género, así como el Estatuto de Autonomía en su art. 21, y la Ley de Educación de Andalucía donde se recoge la educación en igualdad de niños y niñas.

4. La pérdida del concierto educativo en primaria se debe al incumplimiento de la normativa vigente, por no integrar a niños en su línea educativa.

5. Aclarar que el colegio NO SE CIERRA, sólo deja de percibir la subvención en la etapa de educación primaria.

6. Apostamos por la integración de género en las aulas con un modelo coeducativo, “avanzando por una escuela igualitaria” como se establece desde nuestro propio Ayuntamiento en el III Plan de Igualdad (2013-2017) aprobado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Siendo la educación pública la que garantiza el derecho a la educación, la equidad, elimina las desigualdades socioeconómicas en el acceso a la educación, etc.

7. APOSTAMOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, SIN RECORTES, y con una financiación adecuada para blindar la garantía de la Educación Pública.

8. Necesitamos avanzar en los colegios e institutos públicos de nuestra ciudad: apostando por 100% de centros educativos con comedores escolares, cubrir las necesidades educativas de las niñas y niños, completar la familia profesional de hostelería en un centro adecuado, dotar a todos los centros de las necesidades de infraestructura y material necesaria, reivindicar la implantación de nuevos ciclos de formación profesional, apoyando al profesorado y AMPAs de los centros educativos.

SEGUIMOS EXIGIENDO LOS CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

       A tenor de la moción aprobada por unanimidad en el pleno de marzo del presente año, para inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, y del compromiso por parte del Equipo de Gobierno de introducción de cláusulas de este tipo. Manifestamos que estos criterios no están fijando en las mesas de contratación que se están llevando a cabo, por lo que exigimos al Equipo de Gobierno que ejecute el mandato del pleno y su compromiso con nuestra formación.

       Bajo nuestro punto de vista, a la hora de realizar una contratación pública, lo ideal es que los ayuntamientos, tengan en cuenta la calidad de los servicios que se prestarán y las condiciones de los mismo. La administración tiene el deber de convertirse en un garante de las condiciones sociales, laborales y ambientales. Pues en muchos casos somos los últimos responsables de la prestación de dichos servicios públicos y, por lo tanto, de todo cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas de forma directa o indirecta.

          Estas cláusulas con carácter verde o social, se pueden  introducir de tres modos distintos: como requisito previo (criterio de admisión), como elemento de valoración (puntuación) o como obligación (exigencia de ejecución) . Tanto en contratos de suministros, de servicios y de obras. Los tipos de cláusulas sociales se agrupan según las siguientes categorías: relacionadas con el medio ambiente, enfocadas en el empleo (inserción laboral de colectivos desfavorecidos, 
cumplimiento de normativa laboral, mantenimiento del volumen de empleo) o de comercio justo y respeto a los convenios internacionales.

      El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de mayo 1997 respalda las posibilidades de incorporar estas políticas, al afirmar que: “la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público”. Por tanto se debe tener presente y favorecer por parte de las Administraciones Públicas la inclusión de cláusulas sociales en los conciertos públicos, que eliminen los diferentes desequilibrios tanto económicos, sociales, que impiden un adecuado progreso de la sociedad.

         La contratación pública 
es una herramienta en manos de las Administraciones Públicas que genera un impacto económico, de creación de empleo, social y medioambiental. Por ello, introducir cláusulas sociales en la contratación pública contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión social, el mantenimiento del volumen de empleo financiado con fondos públicos y la conservación del medio ambiente.