El pleno del Ayuntamiento de Carmona ha aprobado por unanimidad, la moción de Participa Carmona, para que las adjudicaciones y contrataciones municipales tengan en cuenta criterios de carácter ético, social y solidario, como la atención a personas y colectivos desfavorecidos, el máximo respeto por el medio ambiente o la valoración de la igualdad y la perspectiva de género, además de los criterios económicos y técnicos actuales.
La moción aprobada expone que la Administración Local no debe ser ajena al drama social del desempleo. Su papel, aunque es reducido, tienen un significativo protagonismo en la generación de empleo estable y de calidad, tanto de forma directa como indirecta. Por ello plantean la necesidad de incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de obras, servicios y suministros mediante procedimiento abierto.
Antonio Toranzo, portavoz de Participa Carmona, ha explicado que se debe tener en cuenta la importancia de utilizar más de un criterio de valoración y no seleccionar a una empresa sólo porque cumpla la condición del precio más bajo. De este modo evitaremos que la contratación municipal incida de forma negativa en el ámbito laboral y ecológico, ya que en la mayoría de los casos esta reducción de costes está íntimamente ligada a la mano de obra y la producción contaminante.Según palabras del portavoz de Participa “la administración tiene el deber de convertirse en un garante de las condiciones sociales, laborales y ambientales, pues en muchos casos somos los últimos responsables de la prestación de dichos servicios públicos y, por lo tanto, de todo cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas de forma directa o indirecta”.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Carmona se ha propuesto estudiar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos que realice, valorando la contratación de empresas de economía social y de inserción. También facilitar la inclusión de más criterios objetivos como son las políticas de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cuestiones medioambientales, de comercio justo, de transparencia fiscal, medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, etc. Todo ello con el fin de incentivar la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad y la justicia.
Para facilitar este proceso, se ha acordado la constitución de una mesa técnica de trabajo para concretar la manera en que se harán efectivos estos criterios sociales y su aplicación, dada la diversidad de procedimientos, así como no prorrogar los contratos vigentes que no contemplen en los nuevos pliegos técnicos del concurso público con las citadas cláusulas sociales.
Muchos ayuntamientos españoles, ya cuenta con este tipo de criterios de contratación, siguiendo las normativas internacionales. No es inusual que se valore a las posibles empresas adjudicatarias en función de este tipo de criterio:
- Porcentaje de trabajadores y trabajadoras con una relación laboral estable.
- Que adjudicación del contrato suponga para la empresa la generación de empleo.
- Incremento del número de contratos indefinidos.
- Inserción laboral de trabajadores con discapacidad, parados de larga duración y mayores de 45 años.
- Empresas no estén inmersas en procesos de ERE cuando han tenido beneficios.
- Que no hayan sido sancionadas en firme por incumplimientos muy graves en materia de seguridad, salud en el trabajo, medioambiental o prácticas laborales abusivas.
- Eficiencia energética de las empresas contratadas.
- Empresas de Economía Social y sin ánimo de lucro, es decir, cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones que llevan a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y sociedades agrarias de transformación.
Por otro lado, en el pasado pleno ordinario de marzo, también se aprobó por unanimidad la moción de Participa Carmona e Izquierda Unida, para el reconocimiento de los presos políticos de la cárcel de Carmona durante la dictadura franquista.
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